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¿Estamos ante un cambio del ciclo político en América Latina?

Tómese como una ley no escrita o como una seguidilla de caprichosas coincidencias, la historia de los países de América Latina y tal vez del mundo, nos muestra cómo frente a cambios sustanciales de la economía de un país suelen ocurrir importantes, a veces radicales, transformaciones políticas. 

Ha sucedido tanto en naciones con historias democráticas como en regímenes autoritarios. Las relaciones económicas marcan profundamente las relaciones de las personas (gobernados) con su clase política (gobernantes). Un caso reciente y ejemplar, el de Grecia, confirma la teoría.

Pocas excepciones pueden citarse. El régimen castrista pudo capear el vendaval de severas estrecheces económicas que instaló el llamado “Período Especial”(1990-93) en Cuba, como consecuencia del recrudecimiento el embargo de Estados Unidos y la sequía de recursos provenientes de Moscú.

Lo común, empero, es que cuando la economía comienza a hacer aguas y la población resiente el castigo, la política también acopia el golpe, en el mejor de los casos con cambios de gobernantes y de políticas, aunque a veces la presión social demanda algo más que nuevas caras y exige otras reglas de juego (leyes, constituciones) y otras formas de relación con el poder (participación, horizontalidad, rendición de cuentas).

Lo ratifica la propia secretaria ejecutiva de Comisión Económica para América Latina (Cepal), Alicia Bárcena, quien en una conferencia dictada en la Universidad Nacional Abierta de México (UNAM) este mes, destacó que  en el contexto actual de caída de las exportaciones y baja en los precios internacionales de las materias primas, América Latina y el Caribe se encuentra en una encrucijada: el modelo exportador está agotado en lo económico, así como el modelo asistencialista en lo social.

Es cierto. La región ha gozado una década de bonanza y crecimiento históricos, por lo general, de la mano de gobiernos de izquierda (en sus muy distintas variantes), aunque no exclusivamente de ellos; también países gobernados por partidos centristas o conservadores han avanzado en la economía y en lo social, con la excepción de Chile, donde la desigualdad social sigue siendo tarea pendiente.

El auge en el precio internacional de bienes primarios permitió un mayor crecimiento económico, saldos positivos en la cuenta corriente, incrementó los ingresos fiscales y aumentó mayores reservas internacionales. Pero a contrapelo, no se hizo lo suficiente en materia de productividad y diversificación de la economía, sobre todo en el caso de Venezuela cuyas consecuencias se resienten con mucha fuerza ahora mismo.

En el ámbito latinoamericano hay que señalar que el probable cambio de ciclo político viene acompañado de un handicap institucional de la mayoría de sus países que se manifiesta en mayor o menor grado: democracias de baja calidad, partidos políticos y dirigentes con poca credibilidad, y escasa autonomía judicial y de los órganos legislativos.

Rossana Castiglioni, de la Universidad Diego Portales (Chile), habló sobre este tema en un interesante seminario organizado por el Woodrow Wilson Center e Idea Internacional sobre el momento político que vive la región.

Castiglioni, como lo recoge una nota de Infolatam, puntualizó: “Vivimos una desaceleración económica que se produce en medio de un diseño institucional que no se amolda a los cambios sociales”.

Pero a contrasentido de las carencias institucionales, la economía relativamente próspera de la última década permitió el surgimiento de una clase media empoderada, mucho más exigente con el Estado.

“En Chile, como en algunas zonas de América latina se ha producido una incorporación vertiginosa de ciudadanos que no participaban de los beneficios del sistema social y político. Estos se han incorporado en un contexto de auge de los sectores medios que coincide con el surgimiento de ciudadanos críticos (satisfechos con la democracia pero que no les gusta cómo funciona la democracia en sus países)”, ilustra Castiglioni.

El malestar de las clases medias supone un nuevo y complicado reto para los gobiernos actuales o los que nazcan de venideros procesos electorales: encauzar las demandas de mejor educación, salud y transporte público y hacerlo, a la vez, con menores recursos e ingresos.

De un país a otro, obviamente, estas demandas varían en intensidad. No será igual afrontar el problema social en Colombia, que a pesar del conflicto armado ha hecho un esfuerzo de años por construir una estructura industrial productiva que le permite reflotar en medio de la actual contracción económica, que en una Venezuela con un aparato productivo precario, dependiente de los ingresos petroleros y con la inflación más alta del mundo.

El nuevo ciclo política requerirá no sólo reforzar las instituciones de Latinoamérica, avanzar en competitividad y productividad, sino también, como ha enfatizado Bárcena, superar el paradigma extractivista para avanzar hacia una diversificación productiva, transformar el capital derivado de los recursos no renovables de la región en capital humano -educación y capacitación-, infraestructura física y social, innovación y desarrollo tecnológico con criterios de largo plazo para impulsar el cambio estructural con igualdad y sin desandar el camino en la reducción de la pobreza.

 

CARA – CONTRACARA

Una agenda para los nuevos tiempos de América Latina

Daniel Zovatto

Infolatam

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Desafíos y esperanzas en América Latina

Carlos Ayala Ramírez

Adital

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